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Por Causa Popular.- En los últimos días Bolivia confirma una de las más extendidas ideas de la política: “no se puede conformar a todo el mundo”. La nueva Ley de hidrocarburos votada en un referéndum en julio del 2004, no conformó a ninguno de los sectores más fuertes de la sociedad boliviana, y hoy el país se encuentra al borde de una guerra civil. Mientras los campesinos que encabezaron la rebelión popular que terminó con el gobierno de Sánchez de Lozada pedían la nacionalización de estos recursos que sostienen la economía del altiplano, las compañías petroleras rechazaban cualquier intervención del Estado en sus intereses. La nacionalización no fue parte de la consulta y la creación de un Impuesto Complementario a los Hidrocarburos por la nueva ley redujo las ganancias de las petroleras. El pedido de autonomía por parte de las elites de Santa Cruz, la provincia más prospera del país con el 27% del PBI, y las grandes movilizaciones populares en rechazo de un aumento del gasoil pedido por el Fondo Monetario Internacional, son la consecuencia de una crisis política que Mesa contuvo sólo por unos meses, pero que últimamente no hace más profundizarla.
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